«»Vivir del precio, no de la ayuda»: Por qué las cláusulas espejo y la Ley de la Cadena son innegociables para el campo

El sector primario de Cuenca y del conjunto de Castilla-La Mancha no pide caridad ni una dependencia permanente de las subvenciones públicas. Lo que los agricultores y ganaderos reclaman es justicia económica, equilibrio en los mercados y la capacidad real de sostener sus explotaciones con los ingresos directos de su actividad productiva.

En la actualidad, multitud de explotaciones familiares y profesionales se encuentran asfixiadas entre unos costes de producción disparados y la imposibilidad de repercutirlos en las liquidaciones que perciben. Esta brecha económica se agrava por los persistentes desequilibrios dentro de la cadena alimentaria y por una apertura comercial internacional que somete a nuestros productores a una competencia desleal sin garantías reales de reciprocidad.

Desde el Sindicato Independiente Agropecuario de Cuenca (SIAC) defendemos una premisa fundamental: las ayudas de la PAC deben ser un complemento de la renta agraria, jamás un parche asistencial que justifique precios de ruina en origen.

La PAC como complemento, no como sustituto de un precio justo

Las ayudas públicas de la Política Agrícola Común (PAC) nacieron para estabilizar ingresos y compensar las crecientes exigencias regulatorias, ambientales y de trazabilidad impuestas a los productores comunitarios. Sin embargo, la insuficiente remuneración de las cosechas y del ganado ha forzado una dependencia estructural respecto a las ayudas, que en numerosas explotaciones llegan a suponer una parte sustancial de sus ingresos globales.

Esta situación reduce la autonomía económica del productor y lo deja en una posición de extrema vulnerabilidad ante cualquier modificación presupuestaria o cambio normativo. Por ello, el SIAC exige:

  • Precios suficientes y rentabilidad estructural: Que los ingresos generados cubran los costes efectivos de producción, remuneren dignamente el trabajo diario y dejen un margen razonable para reinvertir y modernizar las explotaciones.
  • PAC complementaria y no sustitutiva: Que los fondos comunitarios apoyen la renta sin convertirse en el mecanismo habitual que compense la fijación de precios por debajo de coste.
  • Estabilidad normativa y simplificación: Reducir la maraña burocrática y frenar los vaivenes legislativos que impiden planificar siembras, rotaciones e inversiones a medio y largo plazo.

Aplicación real y sin fisuras de la Ley de la Cadena Alimentaria

Frente a la debilidad negociadora que sufren los productores ante los grandes operadores comerciales e industriales, la normativa vigente no puede quedarse en papel mojado. El agricultor y el ganadero no pueden continuar asumiendo en solitario todos los riesgos productivos y meteorológicos mientras los siguientes eslabones concentran los márgenes de beneficio.

Para que la Ley de la Cadena Alimentaria sea una herramienta verdaderamente protectora, reclamamos:

  1. Prohibición efectiva de la venta a pérdidas: Cumplimiento tajante de la obligación legal de no comprar ni vender por debajo del coste efectivo de producción.
  2. Inspecciones de oficio y sanciones disuasorias: Refuerzo de las autoridades de control con inspecciones eficaces que castiguen con dureza los incumplimientos acreditados.
  3. Mecanismos objetivos de cálculo de costes: Establecer criterios oficiales y adaptados a cada comarca y cultivo para fijar de manera transparente los costes reales de producción.
  4. Protección frente a represalias comerciales: Blindar al agricultor y ganadero que denuncie cláusulas abusivas, impidiendo que sea excluido del mercado por exigir sus derechos.
  5. Transparencia en los márgenes: Visibilizar de forma clara la formación de precios a lo largo de toda la cadena de distribución.

Cláusulas espejo: Mismas reglas para lo que entra de fuera

La imposición de normas estrictas en materia laboral, fitosanitaria, ambiental y de bienestar animal en la Unión Europea encarece los procesos productivos de nuestras granjas y parcelas. No es admisible que, al mismo tiempo, los acuerdos comerciales abran las fronteras a alimentos producidos en terceros países bajo condiciones de ‘dumping’ social y normativo.

Competir en desigualdad de condiciones no es libre comercio, es competencia desleal. Por esta razón, situamos las cláusulas espejo en el centro de sus reivindicaciones:

  • Estándares equivalentes: Exigir que todo producto agroalimentario importado de terceros países cumpla exactamente las mismas exigencias laborales, ambientales y de bienestar animal que se exigen a los productores de la Unión Europea.
  • Reciprocidad fitosanitaria y veterinaria: Prohibir la entrada de alimentos tratados con materias activas, medicamentos veterinarios o fitosanitarios cuyo uso esté expresamente vetado en los campos europeos.
  • Controles fronterizos rigurosos: Intensificar las inspecciones en aduanas, la trazabilidad de origen y el control de residuos para frenar riesgos sanitarios y evitar el fraude en el etiquetado.
  • Fin al dumping económico: Mecanismos comerciales disuasorios que impidan la entrada masiva de producciones a bajo precio que hundan las cotizaciones en momentos clave de recolección.

Dignidad para el campo: Producir con futuro

El porvenir de nuestros pueblos y el relevo generacional dependen de un principio elemental: que sembrar una hectárea o criar un animal sea una actividad económicamente rentable. Ni los agricultores ni los ganaderos quieren depender de un subsidio para subsistir; exigen reglas de juego limpias, mercados transparentes y que el fruto de su trabajo se pague con un precio justo.

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