La administración ha vuelto a hacerlo. Con la publicación de las restricciones de cosecha por IPP Extremo, los despachos oficiales vuelven a legislar de espaldas a la realidad de la provincia de Cuenca, trasladando toda la responsabilidad de la prevención de incendios directamente al bolsillo del productor.Nadie niega la necesidad de proteger nuestros montes, pero las exigencias impuestas rebasan los límites de la viabilidad económica de una explotación mediana.
Una losa económica en plena campaña de cosecha en Cuenca
Las nuevas restricciones para la cosecha imponen unas condiciones difíciles de asumir para la mayoría de los profesionales del campo conquense:
- Pérdida de las horas centrales: Prohibir cosechar de 13:00 a 18:00 rompe por completo la planificación de la campaña en el momento de maduración óptima del grano.
- Duplicar los costes de personal: Exigir un segundo tractor con operario de forma permanente en la parcela significa que, para cosechar una finca, ahora hacen falta dos sueldos. ¿Quién asume ese sobrecoste? ¿Sube el precio del cereal para compensarlo? Evidentemente, no.
- Exigencia de equipos profesionales: Convertir cada cosechadora en un camión de bomberos improvisado (con depósitos de 400 litros, mangueras e impulsoras) es una exigencia desproporcionada para el agricultor individual.
Montes abandonados: la gran hipocresía de la administración
Es indignante que mientras al sector agrario se le impone una lupa milimétrica y se le exige un despliegue digno de brigada de emergencias, las propias administraciones miren hacia otro lado en lo que verdaderamente les compete: la gestión y limpieza de los montes públicos. Llevamos años advirtiendo que el verdadero peligro no está en las cosechadoras, sino en el abandono institucional de la masa forestal, convertida en un polvorín por la falta de desbroce y mantenimiento preventivo durante el invierno. Exigirnos fajas de seguridad y camiones de agua a nosotros mientras los montes colindantes acumulan toneladas de maleza seca es, además de una hipocresía, una tremenda injusticia.
Por si fuera poco, a la asfixia económica se le suma la presión psicológica de salir a trabajar con el miedo en el cuerpo a ser sancionados. Ya no basta con lidiar con la climatología, el precio del gasóleo y la nefasta cotización del grano; ahora el agricultor conquense tiene que arrancar el motor con la vista puesta en el reloj y la tensión de rellenar declaraciones responsables para evitar que cualquier imprevisto técnico acabe en una multa ruinosa. Cosechar se ha convertido en una actividad de alto riesgo burocrático.
El agricultor es el custodio de la tierra, no el enemigo
Desde el SIAC denunciamos que se criminalice la actividad agraria tradicional. Los agricultores somos los vigilantes del territorio, no el peligro. Seguiremos batallando en los despachos y en la calle para exigir normativas realistas, ayudas directas para la adaptación de maquinaria y, sobre todo, para que se reconozca de una vez por todas que el campo no es el enemigo del medio ambiente, sino su principal custodio. Proteger a nuestros agricultores es la única forma real de mantener vivos nuestros pueblos.
