La nueva normativa de IPP Extremo no solo nos impone costes inasumibles, sino que demuestra un desconocimiento total de la realidad agronómica y nos cuelga el cartel de «presuntos culpables».
Desde las oficinas climatizadas de Toledo, con el asfalto bajo los pies y el horario de oficina bien marcado, es muy fácil redactar el Anexo VI. La nueva normativa de prevención de incendios con IPP Extremo ha caído sobre el campo conquense como un jarro de agua fría, y más allá del escandaloso sobrecoste económico que supone convertirnos en retenes forestales privados, hay una realidad que la Administración parece ignorar por completo: el campo no entiende de relojes, entiende de tempero.
Prohibir segar de 13:00 a 18:00: un atentado agronómico
La imposición de detener por completo las labores de cosecha y empacado en la franja central del día es, sencillamente, un despropósito técnico. Cualquier persona que se haya subido a una cosechadora sabe que esas son, precisamente, las horas en las que el grano alcanza su grado de humedad óptimo.
Obligarnos a parar en el mejor momento del día nos empuja a intentar segar de madrugada o a última hora de la tarde, asumiendo el riesgo de que el cereal no esté en condiciones, se emboce la maquinaria o nos penalicen en la lonja por exceso de humedad. La Administración nos pide eficiencia, pero nos prohíbe trabajar cuando la naturaleza lo dicta.
Un circo logístico en los caminos rurales
Imaginemos la escena que exige la Consejería: mover de una parcela a otra una cosechadora, un tractor con apero listo para hacer cortafuegos, un segundo operario de vigilancia, y un vehículo con un depósito de 400 litros de agua y 50 metros de manguera.
¿Han medido los legisladores la anchura de nuestros caminos vecinales? ¿Saben lo que implica coordinar este «convoy» para segar parcelas que, en muchas zonas de Cuenca, apenas superan la hectárea? La fragmentación de nuestro terreno convierte esta exigencia en un laberinto logístico que paraliza el avance de una campaña que ya de por sí es corta y estresante.
Presuntos culpables en nuestra propia casa
Pero quizás lo más doloroso de esta resolución es el tono. La normativa parte de una premisa ofensiva: considerar al agricultor como un peligro para el medio rural. Se nos exige un nivel de hipervigilancia y una dotación de extinción como si fuéramos unos irresponsables.
A la Administración se le olvida un pequeño detalle: nadie tiene más miedo al fuego que el propio agricultor. Si una chispa salta, el primer patrimonio que se reduce a cenizas es nuestra cosecha, nuestro medio de vida y el trabajo de todo un año. No necesitamos que nos tutelen con amenazas de sanciones; somos los primeros interesados en mantener nuestras máquinas a punto y en extremar las precauciones.
El riesgo de no cosechar a tiempo
Alargando artificialmente la campaña con parones de cinco horas diarias y traslados eternos, la Consejería está provocando un riesgo colateral gravísimo. Cada día de más que la mies seca se queda en pie esperando a ser cosechada, es un día más que está a merced de una tormenta de verano, del pedrisco, o de un incendio provocado por factores ajenos a la agricultura (cunetas sin desbrozar, colillas, cristales…).
Desde SIAC Cuenca exigimos respeto. La prevención de incendios es fundamental, por supuesto, pero debe hacerse de la mano de los profesionales del campo, buscando medidas viables y racionales. No aceptamos normativas redactadas de espaldas a la tierra que nos obligan a elegir entre perder la cosecha por no poder recogerla a tiempo, o arruinarnos intentando cumplir exigencias de ciencia ficción.
